Los datos personales y los agravios en el centro del debate sobre redes sociales

Si las redes sociales como Facebook y Twitter y buscadores como Google estaban bajo presión por el uso de datos personales sin permiso y algoritmos que orientan búsqueda y acceso a información y noticias, en esta semana la situación se ha tensado aún más. Hace tiempo que las redes sociales  – y en particular Twitter – han dejado de ser un espacio donde hay un intercambio enriquecedor de opiniones diversas.  A partir de una filtración (“leak“), esta semana saltó a la luz a partir de una investigación periodística desarrollada por Channel 4 y The Observer (The Guardian) de Gran Bretaña y The New York Times que una consultora británica denominada Cambridge Analytica desarrolló una app según la cual se extrajo información personal de 50 millones de usuarios de Facebook. Esta información fue utilizada en el diseño la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Dos personas muy cercanas a Trump, su ex asesor y funcionario Steve Bannon, quien dirigía el portal  Breitbart News, así como el dueño de este sitio, Robert Mercer, eran parte de Cambridge Analytica. Ésta es una rama de una consultora denominada Strategic Communications Laboratories (SCL) que, según el informe, participó en cerca de doscientas elecciones a lo largo y ancho del mundo, incluída la Argentina. En el caso de nuestro país, a esto se suma un informe publicado por la oficina local de Amnistía Internacional sobre el comportamiento de trolls sobre periodistas y referentes de organismo de derechos humanos en el país. El trabajo titulado “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina” muestra como estos actúan de modo agresivo frente a críticos al gobierno del país. El objetivo del mismo es describir como trolls afectan la libertad de expresión al embarrar el debate en Twitter con mensajes que suponen ataques virulentos sobre determinados perfiles. La investigación, queparte de una metodología de corte académico, se funda en el trabajo titulado “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation” (“Tropas, trolls y agitadores: un inventario global de la manipulación organizada en redes sociales”) publicado el año pasado por el Internet Institute de la Universidad de Oxford, el cual detalla como se usan las redes sociales de modo agresivo, ya sea por parte de individuos, cuentas falsas u organizaciones vinculadas a gobiernos o grupos de interés. A diferencia del documento madre donde no se citan las cuentas o perfiles considerados, el trabajo de Amnistía Internacional publica las cuentas que se han tomado como referencia para mostrar las actividades agresivas en Twitter, enunciadas de modo que se citan en forma continua cuentas anónimas o apócrifas junto a otras que responden a personas que tienen un perfil con su nombre y foto personal. En este sentido cabe la pregunta si la intención original del trabajo de salvaguardar la libertad de expresión no es afectada en la medida que se denuncian cuentas de “personas reales”, ya que eso supondría incurrir en la misma lógica de amedrentamiento denunciada. En los casos tomados como ejemplo no hay revelación de datos personales de personas ni insultos discriminatorios a partir de género, color de piel, religión, etc.  Otra cuestión  a considerar es la recomendación que tanto el Estado como Twitter lleven a cabo acciones que eviten este tipo de mensajes en las redes. La propuesta es cautelosa, pero el problema aquí no es menor. La denuncia de las así llamadas fake news ha impulsado iniciativas de control y erradicación de las mismas, que en algunos casos, podrían tener el objetivo de ejercer censura sobre medios, periodistas y usuarios de las redes sociales, en particular en países que no se caracterizan por su calidad democrática ni por su respeto por la libertad de expresión. En el caso de la Argentina, la apelación hacia el Estado tiene sus riesgos en la medida en que la frontera entre agencias estatales y gobierno son aún particularmente borrosas. El país tiene un nivel destacado de libertad en las redes. El riesgo que asoma es que una regulación deficiente afecte este estado de cosas. Que el tratamiento prescrito sea peor que la enfermedad. La historia de la Argentina reúne buenos ejemplos de disputas entre personalidades públicas plagadas de epítetos altisonantes; es difícil que esto sea modificado por algún tipo de regulación al respecto. En definitiva y como conclusión, el campo de las redes sociales hace tiempo que dejado su ingenuidad para pasar a ser otra arena de lucha cruda por poder.  Es probable que Facebook comience a ser presionado tanto por investigaciones periodísticas como por proyectos de avances regulatorios. Ya existe un pedido de informes en el parlamento británico. A su vez, como saldo positivo, es saludable que los medios así llamados tradicionales sigan apostando por el periodismo de investigación.

Cabe preguntarse si Sarmiento, sus epítetos agraviantes y los que contra él se dirigían, tendrían espacio en las redes sociales. Una inquietud oportuna para abrir el debate.

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